El transporte público debe considerarse como un servicio a todas las personas, aunque la realidad nos indica que no todas pueden ejercer ese derecho en el uso y disfrute, cómodo y seguro, de las infraestructuras, vehículos y servicios.
Estas personas, las llamadas personas con discapacidad, representan en la actualidad el 10 % de la sociedad española (una de cada tres familias cuentan con alguna persona con discapacidad en su seno), porcentaje que se incrementa notablemente si se suma la gran cantidad de turistas que en la misma situación que visitan nuestro país a diario.
Lógicamente ese derecho a la libre circulación de todas las personas también ha de proyectarse sobre un modo de transporte como el servicio de taxis. Un modo de transporte que, según el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, ha de alcanzar en el año 2017 un 5 % de los llamados ‘Eurotaxis’ o ‘taxis para todas las personas’ del total de la flota.
El concepto de ‘taxi para todas las personas’ se remonta a más de 20 años cuando el movimiento asociativo de personas con discapacidad consideró que lograr un transporte público adecuado a quienes encontraban dificultades en el uso de los existentes habría de considerarse como uno de sus objetivos prioritarios. Se plantearon dos caminos a seguir: la organización de un sistema de transporte especializado para personas con discapacidad o en situación de discapacidad, relativamente fácil de implantar, pero con los problemas de segregación que ello conllevaba, o la ejecución de un programa de incorporación de transporte público accesible utilizable por todas las personas, en el que se incluía también el transporte público individual, puerta a puerta, el del taxi. Y así nació el Eurotaxi o ‘taxi para todas las personas’.
En el año 1990 el proyecto del ‘taxi para todas las personas’ experimentó un impulso definitivo a través del acuerdo entre la Federación Española de Municipios y Provincias, la Fundación ONCE y el entonces denominado Instituto Nacional de Servicios Sociales -INSERSO, actualmente IMSERSO- mediante el cual, las dos últimas instituciones procedían a cofinanciar el sobrecoste que para los profesionales resultaba la adquisición y modificación de un vehículo de estas características.
Estos acuerdos han sido prorrogados por las dos instituciones (Fundación ONCE e IMSERSO) hasta el año 2011 y han supuesto en estos 22 años la concesión de ayudas para la implantación del servicio de Eurotaxi en las 17 comunidades autónomas, incluida la totalidad de las 50 provincias y en las dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla) con unas cifras que ascienden a más de 1.400 ‘Eurotaxis’ puestos en circulación.
A pesar del esfuerzo realizado, la Fundación ONCE es consciente del largo camino que queda por recorrer para que se cumpla el parámetro exigido en la normativa debido a que en la actualidad la flota de ‘Eurotaxis’ representa apenas el 1 % del total y entiende que la Administración Pública, especialmente los Ayuntamientos, deben apoyar el incremento y mejora de un servicio que beneficia a un alto
porcentaje de la población, un servicio que permite la participación en la vida social y ayuda a cimentar el concepto de una ciudad para todas las personas.
Jesús Hernández, responsable de Accesibilidad de Fundación ONCE
Fuente: LVT nº107 – http://lvtdigital.es/not/1790/eurotaxis/
